En el origen de la crisis económica hay una crisis política e institucional que explica por qué a España le va peor que a otros países europeos. Arrastramos el problema desde antes de que la recesión económica global la hiciera más visible, pero es ahora cuando podemos observarla al desnudo, en sus efectos más graves y más delirantes. A estas alturas nadie cuestiona - ni siquiera nuestro Gobierno - que la solución a la crisis de la deuda sólo puede ser europea, y que pasa por una Europa cada vez más integrada económica y - ante todo - políticamente. Sin embargo, cuando se trata de afrontar los problemas particulares de España, la crisis política e institucional es un obstáculo infranqueable para unos líderes políticos que no miran más allá de sus intereses partidistas. El último Consejo de Política Financiera y Fiscal nos ha ofrecido un espectáculo grotesco. Por un lado hemos podido ver a un Gobierno que, acorralado contra las cuerdas de la realidad, hablaba de techos y reglas de gasto a las que se había opuesto apenas unos meses antes cuando la propuesta vino de UPyD. Una vez más, sólo hubo retórica, y finalmente la ministra Salgado fue incapaz de reclamar para el Estado la autonomía que le concede la Constitución. Naturalmente, los gobiernos de Rodríguez Zapatero, aunque no han sido los únicos responsables de la crisis política, sí han sido los que más la han acentuado en los más de 30 años de nuestra democracia. Resultaría divertido verles luchar contra el monstruo regionalista al que han alimentado durante siete años de no ser porque en esa batalla que son incapaces de dar, todos nos jugamos el futuro de nuestro país. Por otra parte hemos visto a las CCAA - singularmente a las gobernadas por el Partido Popular, crecidas tras el naufragio socialista del 22M - hacer un discurso victimista que sólo puede recordar al del nacionalismo más rancio: toda la culpa es del Gobierno central y ninguna de los autonómicos, como si su gestión durante estos años no hubiera sido una orgía de despilfarro, ineficacia y, en muchos casos, corrupción. Pero hay algo peor que el victimismo, un matiz de estirpe también nacionalista. La retórica que están utilizando los barones (y baronesas) del PP hace desaparecer al individuo, al ciudadano español. Hablan de los problemas de sus territorios o de sus administraciones, como si estas no estuvieran al servicio de las personas. Resulta grotesco escuchar reclamaciones, quejas y amenazas que al final se resumen en la dichosa pregunta de siempre: ¿qué hay de lo mío? Todos los implicados - socialistas, populares y nacionalistas - son responsables de la crisis política e institucional que vivimos, y también, en buena medida, de la económica. Llevamos más de treinta años escuchando a nuestros líderes hablar de territorios en lugar de personas; los hemos visto negociar - en lugar de cooperar - sobre servicios públicos básicos como la sanidad o la educación; y hemos visto, atónitos, como se entregaban las llaves de la gobernabilidad a aquellos que no creen en el Estado. Nadie, hasta hace poco, se ha preocupado de recordar lo esencial: que un andaluz no se pone menos ni más enfermo que un valenciano, y que un catalán necesita la mejor educación tanto como un madrileño. Y que la economía moderna plantea desafíos para los que sólo hay respuestas globales, no nacionales y no digamos ya regionales. Ahora hay alternativa. Muy pronto podremos elegir entre dos formas de entender nuestra comunidad política, España: como un conjunto de territorios en constante disputa, o como un conjunto de ciudadanos que persiguen el bien común.
Fuente: Facebook R.D.
